El millonario desfalco a las arcas públicas de Puebla, derivado de la fallida inversión en el extinto Banco Accendo, sigue atrapado en el laberinto judicial. Pese a la gravedad del daño patrimonial, la resolución definitiva se ha postergado debido a una serie de recursos de apelación interpuestos por los exservidores públicos señalados, confirmó la secretaria de Planeación y Finanzas, Daniela Stephanie Pérez Calderón.
Aunque el expediente se mantiene activo en la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cierre del caso no tiene una fecha clara. La funcionaria estatal reveló que la dependencia fue notificada recientemente sobre estos movimientos legales, los cuales funcionan como un freno procesal que extiende la incertidumbre sobre la recuperación de los recursos o la sanción a los responsables.
"El proceso sigue vigente; estamos a la espera de que la Sala Especializada desahogue los recursos legales promovidos por los exfuncionarios y emita la determinación final", precisó la titular de Finanzas.
El origen del quebranto
La crisis financiera se remonta a junio de 2021, durante la gestión del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta. En aquel momento, la administración estatal depositó más de 600 millones de pesos en Banco Accendo, una institución que apenas tres meses después perdió su permiso para operar y entró en liquidación, dejando los recursos públicos en el limbo.
Hasta el momento, el gobierno estatal se mantiene como espectador jurídico, aguardando que el tribunal agote los plazos de defensa de los implicados para proceder con la resolución de un caso que marcó un precedente de opacidad en la gestión financiera de la entidad.
