Tras reuniones con los familiares del activista Renato Romero, la Secretaría de Gobernación ha solicitado a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) que analice un posible cambio en la medida cautelar impuesta al imputado. Esta petición se realizó con pleno respeto a la autonomía de la institución y al debido proceso, argumentando que no se advierte riesgo de que el imputado pueda evadir la acción de la justicia.
Samuel Pala, titular de la Secretaría de Gobernación, explicó que esta acción se enmarca en un mecanismo que, aunque opera a nivel federal, también se vincula con entidades federativas como Puebla.
El objetivo principal es reforzar la protección de aquellas personas que, debido a su labor, están relacionadas con la defensa de los derechos humanos.
En el ejercicio de sus facultades para conciliar intereses entre las partes involucradas en conflictos de índole política y social, el secretario Pala solicitará a la FGE apegarse a este mecanismo. Dicho instrumento, entre otros propósitos, emite recomendaciones para garantizar la seguridad e integridad física de las personas en riesgo y fomenta la colaboración entre víctimas, organizaciones y autoridades para fortalecer la defensa de los derechos humanos.
Esta intervención subraya el compromiso de las autoridades por garantizar que los procesos judiciales consideren las circunstancias de quienes se dedican a la defensa de los derechos, buscando un equilibrio entre la justicia y la protección de los activistas.
