La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla aseguró que el proceso de fiscalización de las cuentas públicas 2024 continúa conforme a derecho y llamó a evitar conclusiones anticipadas respecto a posibles responsabilidades o daños patrimoniales relacionados con los informes individuales actualmente en revisión.

A través del comunicado 012/2026, el organismo fiscalizador respondió a la información difundida recientemente en medios de comunicación, así como al posicionamiento emitido por el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, relacionado con observaciones derivadas de la revisión de cuentas públicas.

La ASE recordó que los Informes Individuales correspondientes al ejercicio 2024 se encuentran disponibles para consulta pública desde el pasado 30 de abril, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información.

Asimismo, precisó que, conforme al artículo 62 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la Auditoría cuenta con un plazo de 20 días hábiles para notificar formalmente dichos informes a las entidades fiscalizadas, proceso que actualmente sigue vigente.

Una vez realizadas las notificaciones, las dependencias y organismos observados dispondrán de 30 días hábiles para presentar aclaraciones, solventaciones y la documentación correspondiente para responder a las observaciones formuladas.

La ASE también señaló que, de acuerdo con el artículo 64 del mismo ordenamiento, el órgano fiscalizador tiene hasta 160 días hábiles para emitir un pronunciamiento definitivo sobre las respuestas entregadas por las entidades revisadas.

Por ello, el organismo consideró improcedente emitir conclusiones definitivas o descartar posibles irregularidades mientras el procedimiento legal y administrativo continúa en curso.

“La Auditoría Superior del Estado de Puebla actúa con plena autonomía técnica, objetividad y estricto apego a derecho”, señala el documento, en el que además se subraya que las determinaciones finales derivarán exclusivamente del análisis técnico y jurídico correspondiente.

Finalmente, la ASE Puebla reiteró que los procesos de fiscalización requieren responsabilidad institucional, prudencia y respeto al marco legal, especialmente cuando la información aún se encuentra sujeta a revisión y solventación.