Las demandas de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) tuvieron eco y decidieron postergar el paro nacional previsto para el 29 y 30 de agosto; el motivo, el gobierno federal se comprometen a resolver sus demandas, las cuales incluyen temas de inseguridad carretera y cobros asociados por el uso de rampas de frenado.
Durante el encuentro, al que también se sumaron representantes de las entidades de Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Estado de México, así como delegados de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), fueron establecidas acciones específicas para combatir el robo a transporte de carga y pasajeros en carreteras.
“Decidimos prorrogar nuestra manifestación para dentro de tres meses, pues vimos la buena voluntad del gobierno federal de atender a nuestras necesidades. Este lapso que nos solicitaron es con la intención de evaluar el trabajo de la Guardia Nacional en las carreteras de nuestro país”, dijo Rafael Ortiz, presidente Nacional de la AMOTAC.
El líder de los transportistas calificó el encuentro como productivo, ya que las autoridades les entregaron documentos que avalan el uso gratuito de las rampas de emergencia y la circulación para los vehículos por año modelo.
Además, los funcionarios se comprometieron ante los representantes de la AMOTAC a enviar un documento con las instrucciones necesarias para que los estados y municipios hagan válida la licencia digital, como lo indica el reglamento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Cierran filas contra la delincuencia
El secretario de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna participó en una mesa de trabajo encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, general Luis Rodríguez Bucio; ahí se comprometieron a fortalecer la estrategia de seguridad regional para combatir el robo a transporte en carreteras
A nombre del gobernador Sergio Salomón, el titular de la SSP ratificó el compromiso de reforzar el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, así como con sus homólogos de los estados vecinos para atender las demandas ciudadanas en materia de seguridad pública.
Estas acciones abonan al plan estratégico “Paz, Seguridad y Justicia”, implementado para mantener al estado en paz y tranquilidad.