A unos días del 8M, el líder supremo de todos los mexicanos no perdona y se lanza a la yugular a la presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Norma Piña.

Durante la homilía de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia por defender la autonomía de los jueces y afirmó que, tras su arribo al cargo, a inicios de año, se desató “una ola de decisiones a favor de presuntos delincuentes”.

En una velada amenaza a la separación de poderes, López Obrador reiteró sus críticas al Poder Judicial y manifestó sus diferencias con la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, quien abogó el mes pasado por la independencia judicial.

Recordemos.

El mandatario ya ha atacado a las agencias reguladoras independientes y cortando fondos al Instituto Nacional Electoral, lo que ha desatado un intenso debate en el país y cuestionamientos de los medios, que se han convertido en un blanco en sus conferencias matutinas, y más recientemente del Departamento de Estado estadounidense.

“Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

El hijo favorito de Macuspana criticó con dureza al Consejo de la Judicatura Federal al que llamó “florero” por no ejercer su función de investigar a los jueces y afirmó que durante la gestión del ministro Arturo Zaldívar, quien antecedió a Piña en la presidencia de la Suprema Corte, “había un poquito más de vigilancia hacia los jueces”.

La presión de AMLO

Sergio Méndez, abogado de la organización civil Fundación para la Justicia, que defiende el Estado de Derecho y apoya a las víctimas de violaciones de derechos humanos, consideró “equivocado” el pronunciamiento del gobernante y afirmó que sus señalamientos se pueden asumir como una “forma de presión al Poder Judicial” que afecta su independencia.

“Hay que canalizar las inconformidades de manera institucional”, dijo Méndez al plantear que es delicado que el presidente generalice con declaraciones “vagas” y agregó que se debería hacer un análisis cuidadoso para saber lo que llevó a un juez a decidir en determinado caso y evaluar la actuación de la Fiscalía, porque en ocasiones hay fallas en la formulación de las acusaciones y en las pruebas.

Caso García Luna: “Los jueces hacen lo que quieran”

El presidente López Obrador puso de ejemplo la decisión del décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa que otorgó un amparo a Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna, para desbloquear sus activos el 21 de febrero. “Estaban juzgando en Estados Unidos a Genaro García Luna y a las tres horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa”, señaló.

Pereyra Gálvez estaba incluida desde el 9 de diciembre de 2019 en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Investigación Financiera “como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna”, según explicó la Secretaría de Hacienda.

La esposa del ex secretario de Seguridad está denunciada ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y también ante un tribunal de Florida “con el fin de que México rescate 745,8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami”.

Ante esa situación, en primera instancia, el Juzgado Décimo Segundo había negado un amparo a Pereyra por considerar que la inmovilización de sus cuentas se ajustaba a los criterios de la SCJN que permiten hacerlo ante la solicitud de “un organismo internacional o una agrupación intergubernamental” sin necesidad de una orden judicial. Estados Unidos había pedido a México entregar información bancaria sobre ella por su relación con la investigación a García Luna. Sin embargo, al escalar la petición del amparo, el tribunal colegiado ha determinado que esto no cumple con “un ordenamiento de carácter bilateral o multilateral asumida por México” y ha ordenado que, después de tres años, se desbloqueen sus cuentas.

Caso Cabeza de Vaca

Nuestra cabecita de algodón también cuestionó la decisión de cancelar la orden de aprehensión sobre Francisco Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, y consideró un ejemplo de “la decadencia del Poder Judicial que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción”: “Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político de nuestro país, entonces por eso esos amparos constantes”.

El pasado martes, el juez federal Faustino Gutiérrez Pérez instruyó cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador panista, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por violaciones al debido proceso. El líder máximo se ha mostrado de acuerdo con la FGR, que va a impugnar la decisión.

Foto: SCJN

Las primeras discrepancias

En enero, pocos días después de que Piña se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Suprema Corte, López Obrador expresó sus primeras discrepancias con la ministra al sostener que con su llegada al máximo tribunal “desgraciadamente” no sería posible una reforma del Poder Judicial y que ella “siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”.

La Suprema Corte de Justicia de México se ha visto golpeada en los últimos meses por el escándalo que se generó tras la denuncia del supuesto plagio de la tesis de licenciatura que habría realizado la ministra Yasmín Esquivel, señalada como cercana a López Obrador y que se postuló para dirigir el máximo tribunal.

Un comité de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) de México determinó en enero que la tesis de Esquivel de 1987 fue una “copia sustancial” de otra que se presentó en 1986, pero el centro de estudios indicó que no tenía normas que le permitieran retirarle el título o la cédula profesional. Tras ese pronunciamiento la UNAM dejó el caso de la ministra en manos de un Comité de Ética para considerar posibles nuevas acciones.

Un juzgado de la capital del país acordó la víspera una medida cautelar de “suspensión definitiva” que impide al Comité de Ética de la UNAM emitir una resolución sobre el caso de Esquivel hasta que se resuelva el amparo que solicitó la ministra.

Al lamentar la decisión, la UNAM dijo en un comunicado que la determinación judicial “retrasa por tiempo indefinido” que el comité universitario emita un dictamen sobre la “apropiación indebida de textos”, y anunció que hará uso de todos los medios legales para cumplir con la “función constitucional”.

Recientemente, una investigación del diario El País reveló que la ministra habría plagiado también su tesis de doctorado, pero la universidad donde obtuvo ese título descartó investigar la denuncia.

En 202,1 López Obrador impulsó una reforma del Poder Judicial que ampliaba por dos años el mandato de Zaldívar y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, pero el cambio no prosperó debido a que fue declarado inconstitucional por la propia Suprema Corte.